El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo

Este Anteproyecto de Ley, que ha pasado por el Consejo de Ministros en su primera vuelta, responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que pone el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al “actual modelo de previsión social complementaria” e “impulsar, de forma preferente, los sistema sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones” a los que debería dotar “de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado”. Esta reforma también se recoge en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En virtud del Anteproyecto, se añadirán dos nuevos capítulos al Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el la Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre: el capítulo XI, titulado “Fondos de pensiones de empleo de promoción pública” y el capítulo XII, titulado “Planes de pensiones de empleo simplificados” y se modificarán las leyes reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.

El objetivo de la nueva normativa es facilitar el acceso a planes colectivos a todo tipo de trabajadores. Así, la nueva normativa permitirá el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto, al haber estado orientado a grandes empresas.

Los fondos de pensiones de promoción pública (“FPEPP”) serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos los fondos de esta naturaleza. Según el Anteproyecto, las entidades gestoras y depositarias de los FPEPP serán seleccionadas mediante procedimiento abierto -que se fundamentará en los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia- y deberán cumplir una serie de requisitos de solvencia y capacidad para que se garantice una alta calidad en la gestión, unida a unas comisiones reducidas que beneficiarán especialmente a los autónomos (serán de aplicación unas comisiones máximas, mucho más bajas que las de los planes individuales).

A fin de garantizar la operatividad entre gestoras y depositarias, la normalización y calidad de los procesos, la agilidad de las operaciones y la accesibilidad de la información a empresas, personas partícipes y beneficiarias, se utilizará una plataforma digital común.

El Anteproyecto también regula en qué activos pueden invertirse los FPEPP a fin de garantizar que tales activos se inviertan en interés de las personas partícipes y beneficiarias, tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones. En concreto, periódicamente se evaluarán los aspectos de carácter medioambiental, social y de buen gobierno corporativo derivados del proceso inversor y de la eficacia de las inversiones en proyectos de impacto social.

Asimismo, el Anteproyecto de Ley facilita la creación de los planes simplificados, dirigidos fundamentalmente a empleados de empresas incluidas en los acuerdos colectivos estatutarios de carácter sectorial, personal de la Administración Pública y trabajadores autónomos. El texto trata de potenciar así la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios y pretende favorecer que los planes de empleo acordados se extiendan a las empresas del mismo ámbito o sector. La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual, de forma que, en lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, la nueva normativa se acompañará por una modificación de la fiscalidad de estos productos, de manera que resulte mucho más favorable que los planes individuales. En concreto, la deducción en el IRPF podrá elevarse a 8.500 euros (en los planes individuales se sitúa actualmente en 1.500 euros). Por tanto, la suma de las aportaciones a distintos planes podría suponer para el partícipe una deducción en el IRPF de hasta 10.000 euros.

Con las medidas introducidas por el Anteproyecto se pretende, pues, no solo impulsar la modernización y refuerzo del sistema de pensiones (acompañándolo de un régimen fiscal favorable que incentive la contratación de planes de pensiones de empleo), sino también liberar a la Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios, es decir, aquellos gastos que no tienen carácter contributivo.

En cuanto a la aprobación final del Anteproyecto, el Gobierno pretende que esté aprobada definitivamente antes de finalizar el primer semestre de 2022.