Paquete de medidas para proteger y capacitar al inversor minorista en la Unión Europea

Actualmente, las normas de protección de los inversores se encuentran dispersas en diversos instrumentos legislativos sectoriales específicos como la Directiva MiFID II, el Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP), la Directiva Solvencia II, la Directiva de Distribución de Seguros, la Directiva OICVM y la Directiva GFIA. Estas normas pueden ser diferentes en función del producto o instrumento financiero que contrata el inversor (por ejemplo, no recibirá la misma información si contrata un fondo de inversión o un seguro unit-linked), lo que puede generar desigualdades e incoherencias en función del producto en el que invierte su dinero. Además, los mercados financieros son complejos, lo que dificulta a muchos pequeños inversores la comprensión de los productos y servicios de inversión que se ofrecen en tales mercados, incluidos sus costes, riesgos y beneficios. Una de las consecuencias de esta complejidad es que muchos pequeños inversores se abstienen de invertir y mantienen su dinero en depósitos bancarios.

En este contexto, en los últimos tres años la Comisión Europea ha ido recopilando información y estudiando en profundidad algunos temas clave para los inversores minoristas, sobre los cuales ha preguntado a los principales actores del sector financiero (mediante consultas públicas) y a las autoridades europeas de supervisión, siendo las conclusiones de este análisis la base para el paquete que ahora se presenta.

El paquete de Bruselas, que consiste en una Directiva modificativa de distintas Directivas y Reglamentos (a los que nos referíamos en el párrafo inicial), persigue los siguientes objetivos:

• Mejorar la forma en que se proporciona a los inversores minoristas información sobre los productos y servicios de inversión, de manera más normalizada y pertinente, de forma que el inversor pueda tomar sus decisiones de inversión con conocimiento de causa.

• Adaptar los requisitos y obligaciones de información a la era digital y a las crecientes preferencias de sostenibilidad de los inversores.

• Proteger a los inversores minoristas frente a la mercadotecnia engañosa, velando por que los intermediarios financieros (es decir, los asesores) sean plenamente responsables del uso y del abuso de su comunicación publicitaria, incluso cuando se haga a través de las redes sociales o a través de terceros a los que ellos remuneren o incentiven.

• Aumentar la transparencia y la comparabilidad de los costes, exigiendo el uso de una presentación y una terminología normalizadas en la materia, de manera que el inversor pueda conocer la rentabilidad real del producto ofrecido.

• Garantizar que todos los clientes minoristas reciban, al menos una vez al año, información clara sobre el rendimiento de las inversiones de su cartera. 

• Abordar los posibles conflictos de intereses en la distribución de productos de inversión, prohibiendo los incentivos para todas las ventas exclusivamente de ejecución (esto es, las ventas en las que no se proporciona asesoramiento) y velando por que el asesoramiento financiero se ajuste a los mejores intereses de los inversores minoristas. 

• Introducir controles más estrictos en aquellos casos en que los incentivos sigan estando autorizados.

• Garantizar la alta cualificación profesional y formación de los asesores financieros.

• Capacitar a los consumidores para que tomen mejores decisiones financieras, promoviendo para ello una mejora preparación financiera de los ciudadanos de la Unión Europea independientemente de su edad, categoría social y formación.

• Reducir las cargas administrativas y mejorar la accesibilidad de los productos y servicios para los inversores minoristas experimentados, haciendo que los criterios para convertirse en inversores profesionales sean más proporcionados.

• Intensificar la cooperación en materia de supervisión entre las autoridades nacionales y autoridades europeas de supervisión a fin de que las normas se apliquen de manera adecuada, eficaz y coherente en toda la Unión. 

Si bien algunas de las propuestas de la Comisión (que abordaremos en próximas Newsletters) son complejas y es temprano para evaluar su impacto en el sector financiero, lo que es evidente es que nos encontramos ante un paquete de medidas de alcance amplísimo y sumamente ambicioso que afecta a toda la trayectoria de inversión de los consumidores minoristas desde el diseño de los productos por parte de la entidad financiera hasta el vencimiento del producto, afectando al proceso de fijación de precios del producto y gobernanza, asesoramiento e información que se proporciona al consumidor antes de la contratación, la remuneración que pueden percibir los mediadores o asesores financieros por la distribución de estos productos, la información (sobre costes, rentabilidad, etc.) que se facilita al inversor durante la vida del producto o la supervisión respecto de dichos productos por parte de las autoridades nacionales y europeas competentes.